Las acusaciones piden cárcel para tres funcionarios y otros dos políticos por el contrato de David Sánchez y su colaborador

En primer lugar, a las trabajadores Juana Cinta Calderón y Emilia Parejo les pide prisión por el cambio de denominación del puesto de trabajo que tuvo David Sánchez. Si en 2017 era el de coordinador de actividades musicales de los conservatorios, en 2022 pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Las acusaciones populares consideran que han podido cometer un delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal. Por estos mismos hechos reclama igual pena paraFrancisco Martos, alcalde de Castuera y que era diputado de Cultura en 2022.

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Para estos tres también reclama una multa del doble del beneficio obtenido por David Sánchez durante los tres años que ha ejercido ese puesto hasta su dimisión en febrero, un adiós que fue definitivo el 4 de mayo. También les pide inhabilitación para empleo o cargo público por seis años a cada uno de ellos.

Por otro lado, la acusación popular unificada que dirige Manos Limpias reclama también pena de cárcel de un año y seis meses para otro funcionario, Manuel Candalija, que es el actual director del área de Cultura y al actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas. Les acusa de un presunto delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal. También demanda que los dos sean multados por el doble del beneficio obtenido por Luis Carrero por su contrato y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años. Todo esto estaría relacionado con el contrato del colaborador de David Sánchez y ex asesor de Moncloa Luis Carrero.

Este último trabaja desde enero de 2024 trabaja como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas en una comisión de servicio que termina el 31 de diciembre de 2025.

Existe un tercer grupo de trabajadores provinciales acusados para los que Manos Limpias no pide pena de cárcel. Son Eloísa Moriano y Félix González, así como la ex diputada Cristina Núñez. Considera que los tres desarrollaron el proceso para la contratación inicial como coordinador de actividades musicales en 2017 y les atribuye un presunto delito continuado de prevaricación en concurso de medio a fin con un delito de nombramiento ilegal. Y, por tanto, demanda inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de quince años y multa de seis meses con una cuota diaria de 180 euros. Esto es, una multa de 32.400 euros a cada uno de ellos.

Las acusaciones populares están formadas por Manos Limpias, Vox, PP, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos en la investigación abierta en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La jueza Beatriz Biedma estudia la participación de once investigados. Y para todos ellos demanda una pena distinta en función de su papel en los procesos administrativos que, para las acusaciones, son irregulares.