Se pudo evitar. Es la frase más repetida en torno a la muerte de Belén Cortés, la cuidadora de un piso tutelado de Badajoz que murió a manos de tres de los menores que cuidaba. Entró a trabajar a las ocho de la tarde sabiendo que el ambiente en la vivienda era complicado tras semanas de fugas, robos y consumo de drogas. Dos horas después recibió una paliza y fue estrangulada con un cinturón. Su muerte el pasado 9 de marzo ha abierto un debate sobre la seguridad en los recursos para menores.

El juicio se celebrará antes de diciembre y los procesados, dos varones de 14 y 15 años, y una chica de 17, están acusados de homicidio, robo y un delito contra la seguridad vial porque se fugaron usando el coche de la víctima, aunque no tienen edad legal para conducirlo.

La semana pasada en Badajoz se tomó declaración al cuarto menor que vivía en el piso tutelado y que no está procesado porque huyó de la casa, corrió a otra vivienda protegida y alertó de lo que ocurría. Pero cuando llegó la policía, solo pudo confirmar la muerte de Belén.

Tras la declaración de este menor ya han pasado por la Fiscalía de Menores los procesados, y ahora la clave es saber qué grado de implicación tiene cada uno en la muerte de la cuidadora, de 35 años. La chica de 17 años afirma que no participó, que solo huyó con ellos posteriormente. Los de 14 y 15 años se acusan mutuamente.

Los compañeros de profesión de la fallecida también culpan al sistema porque advirtieron que hacía falta un vigilante de seguridad. Reivindican que si hay conflictividad en los pisos tutelados deben contar con este recurso y con un botón del pánico.

El ambiente en la casa justo antes del crimen era muy complicado. Los varones de 14 y 15 años habían vuelto el viernes por la noche tras seis días fugados. «Llegaban consumiendo drogas, sin tomar la medicación psiquiátrica. Imagínate, era una bomba, una negligencia que los dejasen allí», dice con amargura otro de los monitores del piso que prefiere guardar el anonimato. «Y ha ocurrido porque no nos han escuchado», añade.

Los menores, según se ha confirmado por un análisis de sangre que le hicieron al de 14, habían consumido cocaína y heroína además de alcohol. Para pagárselo cometieron varios atracos. Por el último les detuvo la Guardia Civil y les entregó al piso tutelado de nuevo. Fueron recibidos por Belén.

El domingo, 24 horas después, Cortés volvió a entrar en su turno a las ocho de la tarde para pasar la noche. A las 21.45 horas la cuidadora le escribió a su pareja: «Estos están intentando largarse».

El premonitorio mensaje desvela lo que los investigadores creen que fue el móvil del crimen, quitarle la llave a Belén para marcharse. La cuidadora también intercambió mensajes con el padre del menor del 14, que estaba preocupado por su hijo tras su fuga. Trató de tranquilizar al progenitor, pero poco antes de las diez de la noche dejó de contestar al móvil. Se cree que comenzó entonces la agresión.

Fue brutal. Fue atacada en el segundo piso de la casa, en una habitación que los empleados usaban como despacho. Los indicios en la escena del crimen muestran que recibió varios golpes, y trató de levantarse tras caer al suelo, pero volvieron a atacarla. Apareció con un cinturón alrededor del cuello.

Los menores se llevaron su coche, un Renault Megane, y huyeron en dirección a Mérida. No llegaron a su destino porque sufrieron un accidente a la altura de Torremayor sobre las diez y media de la noche. Allí encontró la Guardia Civil el vehículo robado, pero no a sus ocupantes. Fueron detenidos horas después en la capital autonómica, la chica de 17 años por un lado y poco después los chicos de 14 y 15.

Así terminó una espiral de delitos que había comenzado en realidad semanas antes. El varón de 15 años llevaba varios meses en el piso tutelado para cumplir medidas judiciales tras varios robos en Mérida, entre ellos sustracción de vehículos. Es un chico español de una familia con recursos económicos, pero con una situación complicada.

En febrero este menor se fugó del piso tutelado junto con el chico que un mes después le delató, el que huyó durante el crimen, y con la chica de 17 años. Fueron localizados y devueltos días después. Tras su regreso, el sofá del piso, recién comprado, apareció lleno de cuchilladas.

A su vuelta el de 15 repitió la fuga, pero esta vez con el de 14, que había ingresado en el piso tutelado por agredir a su padre. Su perfil también era el de un menor extremeño criado en un entorno con recursos, pero una separación conflictiva de sus progenitores.

Se fugaron el 1 de marzo. Su primer robo fue en el propio piso tutelado y en dos días, coincidiendo con el Carnaval de Badajoz, cometieron dos atracos en la ciudad a punta de navaja. Luego se trasladaron a Mérida y de allí a Villafranca de los Barros, localidad natal del de 15. Es este pueblo atracaron un bar y fueron detenidos y devueltos a la casa.

Desde su detención tras la muerte de Belén Cortés, los tres procesados están en el centro de cumplimiento de medias judiciales Marcelo Nessi, en Badajoz. En este servicio el de 15 estuvo implicado días después en un nuevo intento de agresión a una de sus cuidadoras.

Tras el funeral, la familia de la víctima pidió que su muerte no quedara en el olvido y sirviese para reflexionar. «Hoy nos despedimos de Belén, pero su nombre seguirá vivo como un símbolo de lo que no debe volver a ocurrir. Que su memoria sea la semilla de un cambio real», rogó su familia en un comunicado.

Los parientes de dos de los procesados también se han implicado. La familia paterna de 14 años envió un comunicado indicando su pesar y solidaridad y pidiendo que la Justicia actúe con contundencia. El padre del implicado de 15 años ha concedido entrevistas en medios de comunicación hablando del caso y señalando fallos en el sistema. Se trata de un cocinero muy conocido porque fue candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura por un partido regionalista.

La muerte de Belén también ha provocado reacciones populares y políticas. Sus compañeros de profesión han pedido más medidas de seguridad, incluso con una manifestación por las calles de Badajoz y reuniendo 110.000 firmas. El defensor del Pueblo ha iniciado una investigación y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rigo, se ha comprometido a llevar a cabo mejoras.

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