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La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el fiscal superior, Francisco Javier Montero Juanes; el presidente de la Audiencia de ... Cáceres, Joaquín González Casso; el presidente de la sección Penal de la Audiencia de Badajoz, José Antonio Patrocinio; la magistrada que ha procesado a David Sánchez, Beatriz Biedma, y varias decenas más de jueces, magistrados y fiscales se han concentrado este miércoles a las puertas de los juzgados extremeños para clamar por la «independencia judicial» y rechazar las modificaciones que quiere realizar el Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia se han realizado los diez minutos de paro y ha sido leído el manifiesto consensuado por las asociaciones de jueces y fiscales. «De verdad me gustaría reseñar que la convocatoria no es de determinadas asociaciones de jueces y fiscales, sino de miles y miles de jueces y fiscales anónimos que entienden que estas modificaciones van a repercutir de manera importante en la merma de la calidad de la Justicia, en la protección de los derechos de los ciudadanos», ha advertido María Félix Tena.
«Esto reviste la suficiente entidad para que se haya producido esta unión que no en muchas ocasiones se produce de jueces y fiscales, no tanto a nivel asociativo sino de una manera individual y anónima. En Extremadura podemos hablar prácticamente del 100% de jueces, magistrados y fiscales, cada uno con sus sensibilidades, con su forma de pensar Y de actuar, y aquí estamos todos y todas, por algo será».
La presidenta del TSJEx ha aprovechado su comparecencia para rechazar las críticas personales que determinados jueces están recibiendo por los autos que dictan. «Las discrepancias con las resoluciones judiciales se combaten a través de los recursos, la discrepancia es legítima, pero ello no consiste en hablar mal del juez concreto con nombres y apellidos, sino de interponer los recursos con una discrepancia estrictamente jurídica para que los órganos superiores comprueben la acomodación de la resolución a la ley, es así de fácil. Quizá lo que nos tengamos que preguntar es por qué hay que recurrir a cuestiones personales y no a cuestiones jurídicas para revocar o desvirtuar una resolución judicial».
El fiscal jefe de Extremadura, Francisco Javier Montero, también se ha mostrado crítico con los cambios que impulsa el Gobierno aunque consideró irremediable que los fiscales terminen instruyendo las causas penales. «El fiscal tarde o temprano va a llevar la investigación de los hechos penales en España, esto es algo que ocurre en toda Europa, lo que necesitamos entonces es un estatuto nuevo que desvincule absolutamente al fiscal del Gobierno. Hoy hay una cierta apariencia de dependencia, no es tan real como parece, y necesitamos mecanismos que refuercen esa independencia. La reforma que hoy criticamos lo que hace es aumentar el poder del fiscal general del Estado sin contrapesos por parte del Consejo Fiscal, por parte de los fiscales superiores... No es una reforma positiva».
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