Paco Rodríguez, el extremeño que vive un calvario judicial desde hace casi 20 años

La vida le cambió a Rodríguez la mañana del 30 de septiembre de 2006. Entre las diez y las once de la mañana, él estaba subido a una máquina perforadora que extraía muestras de minerales en una finca de su pueblo. Cuando operaba a unos cuatro metros de altura, la máquina se movió y él cayó al suelo. No llevaba «arnés de seguridad ni la máquina tenía la preceptiva escalera circundante ni un método de sujeción alternativo», según la sentencia del Juzgado de lo Penal número uno de Mérida.

En ella se detalla que tras ser informado del suceso, el gerente de la empresa (Francisco Corbacho, de Salvar la Encina Sociedad Cooperativa) decidió que se trasladara al herido «a un centro médico privado de un familiar en vez de al hospital público más cercano». Así, Rodríguez (38 años entonces) fue llevado primero a la Clínica Vía de la Plata, después al hospital de Zafra y más tarde al Universitario de Badajoz.

El golpe le destrozó el brazo derecho, que hubo que amputarle. Estuvo 23 días hospitalizado, y necesitó 468 para curarse. Requirió tratamiento médico, quirúrgico, psiquiátrico y también pasó por la unidad del dolor. La Seguridad Social le concedió la incapacidad total.

El Juzgado de lo Penal número uno de Mérida sentenció en septiembre de 2010 –o sea, cuatro años después del suceso– que el gerente de la empresa era culpable de una falta de lesiones, y le condenó a que en concepto de responsabilidad civil, indemnizara a la víctima con 328.610 euros solidariamente con la empresa. Diez meses después, la Audiencia Provincial de Badajoz ratificó el fallo.

En la jurisdicción social, los tribunales dictaminaron que no se daban los elementos necesarios para afirmar que Rodríguez y la empresa mantenían una relación laboral, entre otros motivos porque el hombre estaba ese día aprendiendo a manejar la máquina. De ahí que no se pueda hablar de accidente laboral, con las consecuencias que esto tiene a la hora de percibir la pensión. Pero la vía penal entiende que esto no exime de su responsabilidad en el suceso a la empresa y su representante legal.

A la vista de que su defendido no cobraba la indemnización y de que la investigación patrimonial ordenada por el juzgado penal emeritense concluyó que no había suficientes bienes susceptibles de embargo, el abogado Francisco José Conde Morales inició una investigación que le llevó a averiguar que el empresario había vendido a la mercantil británica Tunt Limited dos fincas: una en La Morera (Badajoz) por 55.000 euros y otra mediante subrogación hipotecaria en Estepona (Málaga) por 255.000 euros.

El Juzgado de lo Penal número uno de Mérida consideró que esta última venta suponía un delito de alzamiento de bienes (ocultar o disponerlos fraudulentamente para evitar pagar deudas). Y condenó a Corbacho a tres años de prisión, que ya cumplió, y a pagar 3.240 euros de multa. El juez consideró probado que «tras conocer el acusado la confirmación de su condena y la de la Sociedad Cooperativa Salvar la Encina, y para no tener que pagar al señor Rodríguez la cantidad a la que venían obligados solidariamente, se colocó en una situación de insolvencia patente, procediendo a transmitir formalmente dos fincas de su propiedad».

Este fallo es de mayo de 2016. En septiembre, lo ratificó la Audiencia Provincial de Badajoz. Y en octubre, el abogado de Rodríguez presenta una nueva demanda, esta vez contra el empresario y la mercantil ya condenados y también contra la empresa británica y su representante legal. Pedía que se anulara la venta de la finca de Estepona, y en caso de que no se concediera esta pretensión principal, que esa compraventa se considerara rescindida y se anulara su inscripción en el Registro Mercantil.

El Juzgado Mixto número 5 de Estepona desestimó la acción principal y estimó la subsidiaria. Pero en abril de 2022, la Audiencia Provincial de Málaga le corrige, acepta la pretensión principal y declara nulo el contrato de compraventa de la finca andaluza.

Esto implica que esa propiedad vuelve a manos de la mercantil extremeña, que pasa entonces a disponer de un bien para hacer frente a su obligación de pagar la indemnización. El Juzgado de lo Penal número uno de Mérida ha retomado el asunto para ordenar la ejecución de la responsabilidad civil que obliga a abonarle los 328.610 euros. Una vez embargada, la finca se subastará, y el dinero obtenido se destinará a pagarle a Rodríguez la indemnización que espera desde hace quince años, que ya ha generado decenas de miles de euros en concepto de intereses.

Cuando eso ocurra quizás hayan pasado más de veinte años del inicio de un proceso que ha incluido un recurso extraordinario por infracción procesal y uno de casación ante el Tribunal Supremo, que inadmitió los dos.