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El nombre de Juan Carlos Serrano probablemente no les diga nada, pero es el del senador del PP que renunció a su escaño en mayo ... de 2022 para que Alberto Núñez Feijóo pudiera confrontar con Pedro Sánchez, aunque fuera en la Cámara Alta, cuando el político gallego desembarcó en Madrid. No se preocupen por Serrano, ahora es también senador. El de Maricruz Rodríguez tampoco era especialmente conocido entre la opinión pública hasta que esta semana fue la elegida para dejar hueco a Miguel Ángel Gallardo en la Asamblea de Extremadura. Su inclusión en la lista del PSOE en las elecciones autonómicas de 2023, para sorpresa de no pocos socialistas, fue una de la pistas más claras de las intenciones del todavía presidente de la Diputación de Badajoz de saltar a la política regional en la actual legislatura, y eso que por entonces aún confiaban en volver a gobernar la Junta con Vara.
Que los ciudadanos estén a sus cosas, ha facilitado que el uso de las instituciones por parte de los partidos se haya ido normalizando, para mal, a fuerza de repetido y de saber que las noticias de hoy quedan sepultadas por las de mañana. Solo esa sensación de que aquí nunca pasa nada es lo que explicaría que al secretario general de los socialistas extremeños, pese a tener el foco de toda España sobre él por su procesamiento en el caso de David Sánchez, acusado precisamente de tráfico de influencias, no le pareciera mala idea promover el cese de la actual subdelegada del Gobierno de Badajoz para compensar a quien le dejaba el escaño en Mérida. Un movimiento abortado en el último instante por quienes aún conservan algo de sentido común, pero que no ha evitado dejar entre la ciudadanía la grave confirmación de que a veces en política las cosas no son como parecen, sino peor de lo que parecen.
Miguel Ángel Gallardo, como muchos sostienen dentro del PSOE extremeño, debería haber entrado en la Asamblea cuando cogió las riendas del partido en Extremadura y, sin embargo, ahora está por ver todavía cuándo va a cumplir el anuncio de dejar la presidencia de la Diputación pacense. A nadie le hubiera extrañado entonces que asumiera de forma plena su papel de jefe de la oposición en el Parlamento regional, pero decidió no hacerlo cuando el caso David Sánchez aún no existía. Ligar más tarde una cosa con otra fue una excusa que ahora le pasa la factura de quienes le reprochan buscar únicamente el aforamiento.
Los autos que la jueza Beatriz Biedma ha ido dictando durante la instrucción del último año dejaban ver de forma clara su intención de abrir juicio oral, como ha hecho esta semana. Tenía la capacidad para hacerlo y lo ha hecho, sin esperar a que otra instancia superior como la Audiencia resuelva los recursos planteados, incluido el que pide el archivo de la causa por parte del Ministerio Fiscal.
Que no sea esta una decisión habitual no quiere decir que no sea coherente con lo que la magistrada ha venido observando durante la instrucción, pero sí denota que se ha dejado arrastrar por los tiempos que le ha estrechado el repentino cambio de opinión de Gallardo para aforarse.
Estaría bien que en este país volvamos a recuperar por parte de todos los valores de la independencia de la Justicia y que no se menosprecie bajo el prisma del color político cualquier decisión que adopta un juez. Aunque a este propósito de respeto máximo a la Justicia también contribuiría que las decisiones de los magistrados dejaran traslucir de forma nítida que no se han visto intoxicadas en ningún grado por otros factores distintos a lo que es la mera aplicación de las leyes y el Código Penal.
Establecer una carrera entre representantes de distintos poderes del Estado para ver quién se sale con la suya solo contribuye a embarrar el campo de convivencia y acrecentar la sensación de bochorno y desapego entre la ciudadanía.
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