Intenta matar a un médico pero no irá a prisión porque había consumido alcohol y drogas

Los hechos ocurrieron en junio de 2018 cuando el médico acudió junto a una enfermera a una casa de Camarena, localidad de 4.600 habitantes, porque el 112 había recibido la llamada de una mujer que informaba de una agresión sufrida por su marido a manos de su hijo. Cuando los profesionales sanitarios llamaron a la puerta fueron recibidos a palos por un joven. Éste, armado con un palo de madera de grandes dimensiones, propinó un fuerte golpe en la cabeza al médico, que quedó inconsciente en el suelo y a quien siguió golpeando. La enfermera logró huir y se refugió en el interior de la ambulancia con la que se habían desplazado.

Minutos más tarde llegaron agentes de la Guardia Civil que lograron detenerlo aunque no sin dificultad pues el agresor los atacó con un cuchillo hiriendo a algunos de ellos mientras gritaba «Picoletos de mierda». El joven tuvo que ser hospitalizado para ser medicado a la vez que el médico fue evacuado al Hospital de Toledo. El facultativo, Juan Antonio Alcázar, pasó más de un año en una clínica de neuro-rehabilitación y actualmente tiene reconocida una discapacidad del 77 por ciento pues prácticamente carece de autonomía personal para intentar llevar lo que se considera una vida normal.

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Toledo en 2002, el acusado, Francisco Jesús Castillo, afirmó tener sus facultades mentales anuladas por haber ingerido gran cantidad de alcohol, cocaína y marihuana mezclado todo ello con la medicación que tomaba a padecer un trastorno de personalidad límite que le impedía controlar sus impulsos. También se supo que había sido condenado con anterioridad a dos años de cárcel por un delito de violencia machista.

Por su parte, la víctima, que llevaba seis meses trabajando en el centro de salud de Camarena, indicó no recordar nada de lo ocurrido el día de los hechos. Los informes médicos revelaron que había sufrido traumatismo craneoencefálico grave, traumatismo maxilofacial, edema cerebral y fractura de la órbita derecha, entre otras lesiones.

Ahora, el Tribunal Supremo obliga al condenado a permanecer un máximo de 15 años en un centro de desintoxicación y a indemnizar al facultativo con 950.000 euros y a la Dirección General de la Guardia Civil con 651 por los daños causados al vehículo de este cuerpo durante su arresto.