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El Ministerio Fiscal ha pedido que se archive la causa abierta contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, una decisión que ha sido recogida en un auto que ya ha sido notificado a las partes personadas en este proceso. De ese modo, el Ministerio Fiscal considera que no existen motivos para llevar a juicio a los once procesados.
En el escrito que ha remitido la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz se concluye que «la imputación efectuada por la magistrada instructora no se sustenta en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad» sino en «conjeturas e hipótesis que, si bien pudieron ser consideradas suficientes para justificar la incoación del procedimiento, no cuentan –ni siquiera en la provisionalidad de esta fase procesal– con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios fuera creado a la carta con el objetivo de beneficiar a David Sánchez Pérez-Castejón».
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Añade la Fiscalía que las conclusiones que han llevado a la magistrada a incriminar a los procesados «se contradicen con diversos hechos o datos objetivos que han quedado perfectamente acreditados.
Expone el escrito del Ministerio Fiscal que los directores de los conservatorios nunca expresaron su rechazo a la creación de esa plaza y añade que de sus declaraciones no se puede inferir «que alguno de ellos entendiera que el puesto de trabajo obedeciera a motivaciones espurias de ningún tipo». En este sentido, el Ministerio Público señala que estos testigos ratificaron en sede judicial que el hermano del presidente del Gobierno realizó las tareas que se le habían asignado y mantuvo reuniones de coordinación.
Igualmente plantea la Fiscalía que las reticencias planteadas por el representante del sindicado CSIF «no pueden ser consideradas indicios de irregularidad».
Por el contrario, se añade en el escrito que pide el archivo de la causa, existen múltiples indicios de que la creación de ese puesto «está justificada desde la perspectiva del interés público» y que se siguió un procedimiento legal adecuado tras recabarse los preceptivos informes técnicos. «A la vista de lo anterior, no cabe sino partir del pleno derecho por las decisiones administrativas legítimamente adoptadas».
El recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Badajoz habla de tres momentos esenciales: la creación de la plaza, la modificación de su contenido y la creación de la comisión de servicio que ocupó David Carrero, amigo personal de David Sánchez desde hace más de 15 años.
Sobre la primera cuestión se expone que no ha quedado acreditado que una persona en concreto impulsara la creación irregular de la plaza. Igualmente se destaca que todos los técnicos que han declarado en sede judicial han confirmado que se respetaron los procedimientos legales en la convocatoria de ese puesto de alta dirección, que los once candidatos fueron entrevistados y baremados, y que finalmente fue seleccionado David Sánchez por ser considerado el más adecuado para ese puesto.
En cuanto a la modificación de la plaza, no se considera que el cambio afectase a cuestiones fundamentales como el sueldo, por lo que se trataba de una modificación que no hacía necesario sacar a concurso el nuevo puesto.
Finalmente se aborda la contratación de Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez, quien ocupó una comisión de servicio por dos años a las que sólo se presentó él. Dice la Fiscalía que esa comisión pudo ser solicitada por cualquier funcionario de la administración local, autonómica o estatal porque la convocatoria se publicó de forma adecuada.
Con estos argumentos, el Ministerio Público solicita a la Audiencia Provincial de Badajoz que la causa sea archivada, una petición que si fuese atendida por el tribunal provincial supondría que los acusados no tendrían que ir a juicio. Frente a esta postura se sitúa la acusación popular encabezada por Manos Limpias, que pide penas de prisión para David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y el actual diputado de Cultura Ricardo Cabezas.
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