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La española Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva, ha contestado la misiva que el pasado ... 7 de abril le remitieron las presidentas de Extremadura y la Comunidad de Madrid, María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso.
En su respuesta, redactada en inglés, Rivera recuerda a ambas mandatarias la imposibilidad de que el Gobierno de España asuma parte de los costes de prorrogar la vida de las centrales nucleares, porque es contrario al derecho comunitarios. Así, afirma que según la la Directiva 2011/70/EURATOM, «las políticas nacionales garantizarán, en particular, que los costes de la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, desde su generación hasta su almacenamiento definitivo, corran a cargo de quienes los generaron».
Como viene informando HOY, las dueñas de la central nuclear de Almaraz pretenden conseguir una prórroga de su vida útil, que acaba en noviembre del año 2027 para su reactor 1, y un año más tarde para el 2. Sin embargo, antes de pedir la prolongación formalmente exigen una rebaja de impuestos, porque argumentan que con los actuales no les es rentable la actividad. Especialmente, reclaman que se reduzca la conocida como Tasa Enresa, los gastos de gestión de los residuos radiactivos.
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Sin embargo, Ribera afirma en su carta a Guardiola y a Díaz Ayuso que según el Tratado Euratom, «los Estados miembros que utilizan la energía nuclear en su mix energético deben cumplir el marco jurídico en materia de seguridad nuclear, gestión de residuos radiactivos y protección radiológica [...]. La responsabilidad de estos costes, junto con cualquier coste adicional relacionado con la prolongación segura de la vida útil de las centrales nucleares, recae en los propios productores de energía».
De hecho, la comisaria recuerda que «trasladar esta responsabilidad financiera a los recursos públicos constituiría ayuda estatal según el Derecho de la UE, ya que implicaría una compensación pública por la actividad económica privada, lo que implicaría una ventaja económica para los productores de energía nuclear que sus competidores no reciben». Por eso, «cualquier mecanismo de compensación requeriría la notificación previa y la aprobación explícita de la Comisión Europea [...] para garantizar que sea necesario, adecuado, proporcionado y no distorsione la competencia ni afecte al comercio en el mercado interior de forma contraria al interés común».
Por otro lado, Ribera afirma también en su respuesta que «la definición del mix energético sigue siendo una prerrogativa soberana de cada Estado miembro». Según el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «No afectará al derecho de un Estado miembro a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, su elección entre diferentes fuentes de energía ni la estructura general de su abastecimiento energético».
Por ese motivo, la Comisión Europea «no interfiere en la decisión de los Estados miembros de utilizar la energía nuclear en su combinación energética», defiende Ribera.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha aprovechado la presencia de los medios durante la mañana de este viernes en Yuste por el Premio Carlos V para responder a la misiva de Ribera. La presidenta de la Junta de Extremadura ha lamentado que «la fiesta» la van a pagar todos los españoles como no se dé marcha atrás a la «terrible» decisión del cierre de las centrales nucleares.
Para Guardiola, es una decisión que perjudica no sólo a la región sino a todo el país, y el apagón de la pasada semana cree que «ha abierto los ojos a muchos españoles» y «ha puesto sobre la mesa este debate de la nuclear» que desde Extremadura ya venían reivindicando al verse afectada, como también considera que se pone manifiesto, y así lo dicen los técnicos, la necesidad de esa energía nuclear para estabilizar el mix energético y la red y que no vuelva a darse dicho apagón.
Además y en el actual contexto geopolítico, ha remarcado en una entrevista en Canal Extremadura Radio, «también es una energía estratégica que ya tenemos hoy».
En relación a Almaraz, la presidenta extremeña ha expuesto que tiene la «sensación» de que el Ejecutivo Central y especialmente Pedro Sánchez «lo que pretende siempre es echar la culpa a otro», y que «en este caso pretende mutualizar esa culpa señalando a los empresarios», cuando «aquí hay una cosa muy clara, y es que el Gobierno ha subido un 70 por ciento los impuestos y las tasas que les cobra a las empresas propietarias hasta asfixiarlas y que dejen de ser rentables».
Así Guardiola ha apuntado que es «una decisión kamikaze» porque están viendo que se va en contra de lo que están haciendo el resto de países de Europa y del mundo, «que están invirtiendo en centrales nucleares» y considera que «hay una hipocresía muy grande» en los planteamientos del gobierno socialista que, por un lado, pretende cerrar las nucleares, pero por otro exige la descarbonización «prácticamente inmediata y energía barata».
«Y la descarbonización no se consigue ni con el terraplanismo nuclear de Podemos», ha advertido, «ni con la hipocresía del Partido Socialista culpando a las empresas», tras lo que ha sostenido que se tiene que volver «a la senda de la sensatez y que se revierta esta situación y cuanto antes».
En este mismo sentido, ha recordado que cuando tuvo la oportunidad de visitar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico puso sobre la mesa y se ofreció a sentarse con el Gobierno de España y las empresas propietarias para hacer un análisis «sosegado» de cuáles son los costes que pueden asumir.
«Creo que aquí hay que sentarse y con la voluntad, por supuesto, de no cerrar la Central Nuclear de Almaraz que, como digo, es la primera que va a padecer esta situación», a tenor de lo cual se pregunta por qué no empiezan por Cataluña, cuando «ha levantado la mano y se ha prestado voluntaria a que el cierre sea allí, puesto que no quieren continuar con la vida de las centrales».
En su opinión no se debe cerrar «absolutamente ninguna, pero si la decisión es irreversible, pues que no empiecen por Extremadura que desde esta región ni el gobierno, ni parece ser que la oposición, aunque solo sea de boquilla, ni la sociedad civil, ni las empresas, queremos que se cierre», ha dicho.
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