Las partes tienen diez días para pedir el sobreseimiento o juicio a David Sánchez

Las partes pueden reclamar también, «excepcionalmente», la práctica de diligencias complementarias. Sin embargo, no se esperan más pruebas tras casi diez meses de instrucción (la apertura de diligencias es del 30 de mayo de 2024), interrogatorios a 11 investigados y toma de declaración a 14 testigos, así como el análisis de diversa documentación solicitada a la Diputación de Badajoz.

Como se sabe, el juzgado de Instrucción número 3 investiga la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como coordinador de actividades musicales de los conservatorios de Badajoz en 2017, la modificación de su puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 y la incorporación de Luis Carrero como su colaborador al ocupar el puesto de coordinador de actividades transfronterizas a partir del 1 de enero de 2024 en comisión de servicio, que termina el 31 de diciembre.

La jueza considera que existen indicios de prevaricación y tráfico de influencias, dado que Sánchez habría conseguido el puesto de alta dirección sin «un proceso selectivo justo y trasparente».

En un contundente auto, Beatriz Biedma resume todos los pasos de la instrucción y los indicios que ha recabado en estos meses. Y abre el plazo de diez días para que las acusaciones se pronuncien.

Si el procedimiento surgió por la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias, posteriormente se fueron sumando otras asociaciones como Hazte Oír, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y Liberum; así como los partidos políticos Vox y PP. Sin embargo, la representación de las acusaciones está agrupada en Manos Limpias.

Es también el momento de que las defensas soliciten el sobreseimiento de la causa. La jueza señala como investigadas a 11 personas. Además de David Sánchez, conocido artísticamente como Azagra, y el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, la jueza procesa a otros nueve funcionarios y políticos vinculados con la institución provincial.

Entre ellos, al que fuera asesor de Moncloa que ha sido colaborado estrecho de Sánchez en la Diputación, Luis Carrero, y a los tres últimos diputados de Cultura.

Aunque la Diputación está representada por Francisco Mendoza; los trabajadores y políticos han optado por contratar a sus propios abogados. En total, las defensas tienen 11 letrados. Lo normal es que todos pidan la absolución, algo que la jueza debe resolver.

En el listado de investigados no se incluye a quien fuera diputado de Recursos Humanos en 2016 y 2017, y que por tanto fue quien firmó la convocatoria de las bases del puesto de trabajo de coordinador de actividades musicales, la relación de admitidos y excluidos y el contrato de David Sánchez. Se trata de Antonio Garrote, que fue alcalde de Monesterio durante 16 años y diputado provincial.

Es ahora diputado autonómico, y por tanto aforado. La jueza solicitó a la Asamblea de Extremadura la documentación que acreditara esta condición. La institución remitió la documentación hace meses y ya no se conocieron más pasos. Ahí dejó de estar involucrado en el procedimiento. Al ser aforado, solo puede juzgarle el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y las fuentes jurídicas consultadas creen que, si la jueza Biedma hubiera pedido al TSJEx que lo investigara, toda la causa podría haber recaído en el alto tribunal.

Por otro lado, la jueza ha decretado el sobreseimiento de la causa con respecto a Alejandro José Cardenal, funcionario provincial que fue inicialmente señalado por Manos Limpias, pero que lo sacó de la querella posterior. «No existen indicios racionales de criminalidad contra Alejandro Cardenal Guijarro», determina el auto.

Distintas fuentes señalan que en este momento procesal con el plazo de diez días abierto, resulta muy relevante el pronunciamiento que realice la Fiscalía.

De todos modos, el auto de procesamiento de la jueza no es firme. Y contra este se puede presentar un recurso de apelación directamente en la Audiencia o de forma subsidiaria en el juzgado. Para ellos, las partes tienen la mitad del tiempo. Esto es, cinco días.

El auto de procesamiento conocido esta semana es determinante, pero solo forma parte de un largo procedimiento. De hecho, hay fuentes que creen que puede alargarse más allá de 2027, cuando deben celebrarse las próximas elecciones regionales, en las que se prevé que Miguel Ángel Gallardo sea candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta por primera vez.

Asimismo, como ha informado HOY, la jueza abandonó hace tiempo la pista de un posible enriquecimiento ilícito por parte de David Sánchez, así como una tributación irregular por residir en Elvas y trabajar en Badajoz. En el auto, Biedma descarta la comisión de posibles delitos contra la Hacienda Pública y el enriquecimiento ilícito. «No existen indicios racionales de criminalidad que permitan continuar el procedimiento penal por los mismos», zanja.

«David Sánchez es residente fiscal en Portugal, y dicha circunstancia no es incompatible con la condición de empleado público de la administración española, implicando en este caso que las rentas percibidas de la Diputación de Badajoz están sujetas en España por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y no por el IRPF», explica. Y «lo que es más importante», añade, que si hubiera sido residente en España el diferencial de ingresos sería muy reducido. Los técnicos de Hacienda lo cifraron en un uno por ciento.

Sobre el supuesto enriquecimiento personal que también señaló Manos Limpias, Biedma subraya que el único incremento patrimonial superior a los 250.000 euros se debe a una donación por parte de su padre que fue declarada a Hacienda. El supuesto incremento desmesurado de las acciones se debió a un mero error de cálculo.